Revista de la Educación Superior

Comed de la fruta del árbol de la Ciencia -dice el relato bíblico- y seréis como dioses. A lo que invita la serpiente, o nuestra humana soberbia y esperanza proyectadas en el mito, consiste en robar las facultades atribuidas a Dios: saber todo con antelación, controlarlo a través de su omnipotencia: ni una hoja del árbol se mueve sin su expresa voluntad. Predecir y diseñar el futuro, decidirlo, planearlo de pe a pá. Así han de ser las cosas pues de este modo le conviene al país, a la educación, a determinada institución, a ti, mi hijo, o a la propia vida de quien vive en el encantamiento.
Afán de progreso fincado en el cálculo ilustrado: la edad de la razón, la época de la bendita planeación y sus encontronazos, reiterados, con la realidad. Sus frutos, ambiguos, no son sólo amargos: también esclarecen la poca importancia que damos a lo que es, en realidad, la verdadera revolución en el pensamiento moderno occidental: Darwin y lo aleatorio, el papel del azar, la incertidumbre ante la cual toda planeación -en sus ecuaciones, escenarios o silogismos- ha de incorporar un espacio para lo inesperado como condición ineludible. ¿Cómo anticipar lo que por definición es inefable y desconocido?
Hay algo para lo que sí es muy útil la planeación: nos permite reconocer la ausencia de todos los hilos en la mano -vana ilusión- en aquél entonces cuando se elaboró el plan. Se descubren dimensiones ignoradas, comportamientos inesperados, zonas de nuestra ignorancia que pueden ser tematizadas. Y con ellas, como Sísifo, volveremos a emprender la tarea de subir la roca a la cima del monte... lo único seguro es que volverá a caer.
¿Cómo proyectar el futuro siendo conscientes de la enorme cuota de incertidumbre que nos ha rodeado siempre y circunda ahora? No lo sé. Persistiremos en hacerlo porque hemos comido de la fruta- tenemos el virus de la idea de progreso incrustado en la médula de todos los huesos, como nos ha mostrado Gabriel Zaid 1 -pero quizá los que saben de estos temas cuenten con dispositivos que permitan una planeación menos arrogante, más abierta a la revisión del impacto del contexto y otras lógicas imprevistas, atenta al entorno y sus variaciones, flexible. Ojalá.
En esta invitación al debate sobre el crecimiento de la oferta privada de educación superior mexicana en los últimos años hay un punto de partida: la planeación, concebida como el control exhaustivo del futuro, de una buena vez y para siempre, produce -como la razón- monstruos, o si se quiere, paradojas y la aparición de lo inesperado. Es tiempo de hacernos cargo de ello.

Con mucha frecuencia, al incremento de plazas para cursar estudios en entidades no sostenidas fiscalmente se le llama privatización. No comparto la idoneidad del término. Por lo tanto, es necesario arrancar la discusión con una delimitación conceptual frente a los hechos. “Mi reino” por una distinción.
El dato es contundente: en 1990, alrededor del 18% del total de la matrícula nacional se ubicaba en planteles particulares; en 2004, la proporción ha rebasado un poco al 30% y, al parecer, puede crecer más en los próximos años, aunque no es previsible que su incremento conserve la tendencia observada en los últimos tres lustros.
El dato, repito, es contundente: ha crecido la proporción -y por supuesto, los números absolutos- de los estudiantes matriculados en planteles privados, y también la cantidad de este tipo de establecimientos.
A este dato -en realidad, para hablar con claridad lo podríamos llamar un observable- hay que interpretarlo. Y la corriente predominante lo ha hecho como la muestra de un proceso de privatización. Tal vez no sea así. Se impone, creo, una aproximación conceptual.

1. No es lo mismo privatizar que constatar el crecimiento del sector privado en un sistema educativo superior, ni en México, ni en ningún otro lado del mundo, pues son dos procesos diferentes.
2. Esto obliga a proponer una delimitación:

Privatizar: (Del lat. Privatus y el sufijo verbal -izar) 1. tr. Transferir una empresa o actividad pública al sector privado. (Definición de la Real Academia Española)

Por ejemplo, lo que sucedió con los bancos -cuando pasaron de -ser del gobierno” a propiedad de empresarios que los compraron, o lo que sucedió con Teléfonos de México, antes empresa paraestatal y ahora corporación privada.

Crecimiento del sector privado: Incremento de la participación, en términos absolutos o relativos, de entidades de carácter privado, particular o empresarial, en un sector de la vida económica o social. (Delimitación del redactor)

Por ejemplo, la apertura de un mercado anteriormente monopólico (o casi) de carácter estatal a la participación de las inversiones privadas, sin que desaparezca la acción del Estado, e incluso su papel como rector del proceso, pero dando espacio a la acción de los particulares en él.
La propuesta, así definidos los términos, consiste en sostener que lo que ha pasado en el sistema de la educación superior mexicano, sobre todo a partir de los años noventa del siglo pasado, no ha sido, en sentido estricto, un acto de privatización -no se han vendido universidades o instituciones públicas a empresarios- sino otro: ha aumentado la cobertura y atracción del sector privado sobre los demandantes de servicios educativos: esto es, se trata de la expansión del sector privado en el conjunto del sistema educativo superior en México.
Así realizada la delimitación, podemos llegar a un sistema con gran participación del sector privado -por su crecimiento-sin que el camino haya sido el de la privatización de las instituciones públicas. Y si llega a ser muy cuantioso -más de lo que ya es- o mayoritario, no tendremos un sistema privatizado, sino un sistema con mayoría de oferta y cobertura privada.
Tal distinción, por supuesto, está sujeta a crítica y al análisis de su pertinencia, pero la sostengo en estas cuartillas porque no es lo mismo estar presenciando un proceso de privatización de la educación superior, que frente al crecimiento de los servicios y cobertura a cargo de los particulares 2 .

Max Weber nos enseñó a preguntar de este modo, si queremos comprender y explicar los fenómenos sociales. Conviene, entonces, explorar una hipótesis para dar respuesta al crecimiento del sector privado en la educación superior nacional.
Consideremos la hipótesis más socorrida: se dice que la modificación de la participación de los particulares en el sistema educativo superior mexicano obedece a la caída en la calidad en los servicios educativos públicos, o -al menos- en la percepción social que de los servicios públicos tienen los usuarios potenciales.
Debido a que son de mala calidad, los estudiantes y sus familias "optan" por pagar cuotas altas en instituciones particulares de elite -no necesariamente de elite cognitiva, sino de elite en el sentido de estatus social- o bien en instituciones particulares más "baratas" y, por ende, accesibles a ciertos sectores sociales.
La hipótesis dominante establece -sin probar de manera suficiente- que este movimiento se finca en un cálculo racional (medios-fines) con base en el criterio de calidad y aseguramiento de un empleo luego de los estudios.

Hay que tratar con respeto a los rivales cuando se dialoga, y la propuesta de otra hipótesis no niega el valor relativo que en ciertos circuitos sociales puede tener un análisis de calidad o pertinencia subyacente como el que se señala. Es un factor explicativo concurrente, pero no válido para el conjunto del proceso, es decir, no es "universal" ni, a mi juicio, apunta al factor explicativo más importante.
Propongo otra conjetura más estructural y, a mi entender, con mayor plausibilidad explicativa en la comprensión del proceso:

El crecimiento del sector privado en la cobertura de los servicios educativos superiores, experimentado con una tendencia muy fuerte en la última década del siglo XX e inicios del XXI, resulta de las consecuencias no esperadas -es un efecto perverso, en términos de Boudon- de políticas específicas sobre la oferta educativa pública tomadas con anterioridad.

Desde mediados de los ochenta (Véase el PROIDES y el PRONAES) las autoridades educativas federales, estatales e institucionales en el sector público orientaron sus políticas de crecimiento de la oferta de estudios bajo las siguientes consideraciones:

• hay carreras saturadas,
• que no ofrecen empleo a sus egresados,
• que no son pertinentes para el desarrollo nacional y, por lo tanto
• es menester congelar o reducir su tasa de crecimiento.

Entonces se abrieron opciones "innovadoras" y se detuvo el índice de crecimiento de la oferta pública de espacios para estudiar Derecho, Administración, Contabilidad, Ingeniería Civil, Medicina y otras especialidades muy demandadas por los usuarios potenciales.
Se impulsó, por tanto, la oferta de licenciaturas en campos científicos o novedosos, bajo el supuesto de que el país iría para adelante con un proyecto de desarrollo que requeriría menos profesiones tradicionales y más científicos o especialistas en áreas nuevas o de poca demanda: oceanografía, ingeniería hidráulica, física...
Esta política no previó varias cosas:

• que la mayoría de los estudiantes serían pioneros (no "herederos") en sus familias al estrenar la condición de estudiantes universitarios y futuros profesionales;
• por ende, no advirtió la decisión que en el imaginario social las familias que colocaban por primera vez a un miembro de la casa en la universidad tenderían a impulsarlo a ser abogado, médico, contador, administrador...
• el propio estudiante pensaría en ese tipo de especialidades más que en Música o Ciencias de la Tierra, y
• que el país no generaría un desarrollo que implicase un alto contenido de conocimiento especializado en nuevas áreas y tecnologías de punta, sino que su poco crecimiento se afianzaría en los servicios, muchas veces informales o prestados fuera de las clásicas entidades productivas.

Pero las autoridades persistieron en su razonamiento, como si la lógica social se pudiese controlar desde sus escritorios, a partir de sus deseos elegantemente revestidos de "proyecciones". ¿Cuál ha sido el resultado?

Muy sintéticamente, propongo la siguiente lógica en la estrategia para elegir carrera y escuela por parte del grueso de los aspirantes:

• Juan es un pionero -no heredero, como distingue Bourdieu- y quiere ser abogado.
• Hace examen en la UNAM -muy saturada por el pase automático, dado que Juan estudió en Bachilleres– y en la UAM o, raras veces, en el CIDE 3, instituciones públicas donde se ofrece este plan de estudios en el Distrito Federal.
• Como hay, digamos, cinco mil solicitantes y sólo 500 espacios disponibles -una probabilidad del 10% de ingreso- aunque haga un buen examen de admisión queda fuera: ¿rechazado, reprobado, burro, indolente? No, el asunto central es que no alcanzó cupo.
• Sabe que en el ITAM, el TEC o la Ibero imparten Derecho, pero su familia no tiene dinero para pagar las altas cuotas que cobran, ni se siente en un lugar donde sería aceptado socialmente: no es un chico "nice".
• le busca o se queda sin estudiar: ¡tanto esfuerzo para nada!
• Un sector de empresarios sabe "leer" las señales de ese mercado y abren, en un garaje o en una antigua casa de Narvarte -o hasta construyen instalaciones (de pacotilla o buenas), parecidas a un set de Televisa para ser más atractivos, y ofrecen Derecho con "módicas" o menores cuotas.
• La familia decide sacrificar una parte importante del gasto familiar para cubrir los gastos y aunque sea en una universidad al lado de una estación del Metro colocan a su retoño con la esperanza de que sea abogado y gane dinero, esto es, tenga movilidad social en términos económicos y de prestigio.

Y esta política que se fincó en los deseos de funcionarios ¿poco atentos? a la realidad social, detrás de su escritorio y de sus sueños de país, ha sido el factor causal más relevante para el crecimiento del sector privado. Esta es la hipótesis que postulo a consideración del lector.

Para sustentar la hipótesis, haré -en algunas carreras "tradicionales"- una comparación entre 1990 y 2003 en cuanto a la cobertura según el sector institucional de adscripción de la demanda: es decir,

El criterio de selección no juzga sobre la calidad de los estudios: no parto de la idea de que todo lo público sea bueno, o viceversa. Eludo, con toda intención, el término "patito" para referirme a las instituciones no públicas o no registradas en la FIMPES, pues en varias ocasiones he objetado la generalización con el argumento de que, en el sector público o el sector privado de elite, hay zonas donde el aprendizaje es casi imposible debido a la falta de calidad en los servicios educativos.
Procedo, entonces, con base en una agregación ajena a mis juicios y prejuicios: se trata de agrupar al sector público, a las instituciones privadas afiliadas en 2002 a la FIMPES o que forman parte de la Asamblea de la ANUIES y, el sector residual a estos dos grupos, lo conforma el sector de instituciones privadas (otras) en los cuadros y gráficas.
Este ejercicio se circunscribe al Distrito Federal, pero estimo que es posible realizarlo en todo el país o en cada una de sus entidades. Basta paciencia, acceso a los anuarios de ANUIES y calma.
Veamos la información así ordenada en cuatro licenciaturas: las carreras de Derecho, Administración, Psicología y Computación. Aunque se ha realizado el cálculo completo para los procesos de ingreso, cobertura –matrícula– y egreso, con el fin de no extender demasiado esta invitación al diálogo nos centraremos en la observación de los cambios en la matrícula.
Luego de analizarla, podremos concluir con varias preguntas a las que será muy oportuno que usted, lector, añada las suyas, sus conjeturas, y complete, amplíe o refute lo aquí expuesto.

Distribución de la matrícula total. Licenciatura en Derecho. Distrito Federal
(1990 vs. 2003)

Para Derecho, el caso paradigmático de esta situación, es conveniente anotar las cifras absolutas entre 1990 y el 2003, con el fin de que el lector pueda estimar no sólo las variaciones proporcionales. En los siguientes cuadros se presentan:

Carrera de Derecho. Distrito Federal (1990)
Crecimiento por tipo de institución. Matrícula

Resultar de interés para el lector un recuadro con la cantidad y nombre de las instituciones que impartían Derecho en la capital del país en 2003, por tipo de institución:

Instituciones Públicas: 3
CIDE, UAM (Unidad Azcapotzalco) y UNAM en Ciudad Universitaria.

Instituciones Privadas FIMPES o Asamblea ANUIES: 8
ITAM, ITESM (Campus Ciudad de México), Universidad de Las Américas, Universidad Iberoamericana, Universidad Intercontinental, Universidad La Salle, Universidad Panamericana y UNITEC (Campus Sur y Campus Marina.)

Instituciones Privadas (otras): 46
Centro Cultural Universitario Justo Sierra, Centro de Estudios Técnicos y Universitarios IAMP, Centro de Estudios Universitarios, Centro de Estudios Universitarios Londres, Centro Escolar Universitario SC, Centro Universitario de Desarrollo de Empresas y Pedagógico, Centro Universitario Emmanuel Kant, Centro Universitario Francés Hidalgo, Centro Universitario Grupo Sol (Campus Centro y Campus Sur), Centro Universitario Patria, Colegio Partenón, Escuela Comercial Cámara de Comercio, Escuela Libre de Derecho, Escuela Superior de Contabilidad y Administración Villanueva M, Grupo Cultural ICEL (Plantel Cantera, Plantel Ermita, Plantel Liverpool), Instituto Cultural Derechos Humanos, Instituto de Estudios Superiores Nueva Inglaterra, Instituto de Prevención del Delito, Instituto Especializado en Computación y Administración Gauss J., Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública, Tecnológico Universitario de México, Universidad Americana SC ( Plantel San Ángel y Plantel Centenario), Universidad Anahuac del Sur SC, Universidad Chapultepec AC, Universidad Sahagún, Universidad del Distrito Federal, Universidad del Pedregal, Universidad del Tepeyac, Universidad del Valle de México (Planteles: San Rafael, San Ángel, Guadalupe Insurgentes, Chapultepec, Tlalpan), Universidad ISEC, Universidad Iberomexicana, Universidad Insurgentes (Campus Norte), Universidad Internacional, Universidad Latina (Campus Sur y Campus Centro), Universidad Latinoamericana SC, Universidad Marista, Universidad Mexicana, Universidad Michael Faraday AC, Universidad Motolinía AC, Universidad Pontificia de México AC, Universidad Salesiana AC, Universidad St. John's SC, Universidad Tecnológica Americana, Universidad Univer (Plantel Ermita y Plantel Villa de Cortés), Universidad Westhill y Universidad YMCA.

Hemos visto como en algunas licenciaturas de alta demanda, la contención del crecimiento en el sector público, o su decremento, han abierto posibilidades de expansión de los servicios privados en la capital del país. En algunos casos, como Derecho, al segmento de las instituciones privadas no afiliadas a FIMPES ni ANUIES y, en otros, a este sector y al de las particulares sí reconocidas por alguna -o ambas- de estas asociaciones. El asunto es complejo y requiere de un análisis mucho más detallado que el pertinente para esta propuesta de discusión.

Distribución de la matrícula total. Licenciatura en Administración (1990 vs. 2003)

Distribución de la matrícula total. Licenciatura en Psicología (1990 vs. 2003)

Distribución de la matrícula total. Licenciatura en Computación (1990 vs. 2003)

Sin embargo, hay que cerrar la pinza del argumento: en su dimensión discursiva, la política de contención de la oferta pública en ciertas disciplinas manifestaba la intención de, a cambio, ampliarla en otras, más pertinentes para el desarrollo del país. Una de estas áreas, se decía, era la de las Ciencias Naturales y Exactas. ¿Qué sucedió?
Veamos las cifras para el nivel nacional:

• en 1990, en Ciencias Naturales y Exactas, estaban inscritos:
28, 134 alumnos, lo cual representaba al 2.6% del total nacional en las licenciaturas universitarias y tecnológicas.
• en 2003, en esta misma agregación, se hallaban estudiando:
35,751 alumnos, lo que significaba el 1.9% del total nacional en las licenciaturas universitarias y tecnológicas.
• El crecimiento en números absolutos entre 1990 y 2003 en esta área es de:
7,617 estudiantes, y en términos relativos del 27%.

No es despreciable este incremento si lo vemos en sí mismo, pero no olvidemos que se trata de la matrícula total del país. Sólo en el DF, como ya se indicó antes (ver cuadros previos), la carrera de Derecho creció, en el mismo periodo, un poco más: fueron 8,468 estudiantes nuevos (un incremento del 45%) y el total de nuevos alumnos en las escuelas privadas (otras) fue superior al total nacional en las Ciencias Naturales y Exactas: 9,822: más de dos mil estudiantes es la diferencia.
Viendo sólo al DF, Derecho tenía en 2003, en todas sus modalidades institucionales a un poco más de 27 mil alumnos, mientras que el conjunto de las Ciencias Naturales y Exactas no llega ni a la mitad: eran, en la capital, 10,875 estudiantes, inscritos la inmensa mayoría en instituciones públicas.
La justificación de la política, entonces, frente a lo ocurrido, falla por los dos lados: no contuvo el crecimiento general en las carreras profesionales como anunciaba, ni incrementó -en la medida que prometía- la participación de las Ciencias Naturales y Exactas.
Lo que sí produjo fue un vacío. No sólo en política, también en educación todo vacío tiende a llenarse: miles de aspirantes a estudiar carreras tradicionales, al no encontrar cupo en las instituciones públicas ni contar con recursos para estudiar en las privadas con reconocimiento social de larga data, no derivaron -como esperaban los planificadores- a otras licenciaturas "más acordes con el desarrollo nacional". Encontraron espacio para dar cumplimiento a sus expectativas en un nuevo y expansivo mercado de instituciones particulares de relativo bajo costo.
Lo pretendido no resultó; la política incentivó de manera notable la expansión del mercado privado, mediante el crecimiento de un segmento específico que supo "leer" la posibilidad de un gran negocio o la ampliación de sus zonas de influencia -para el caso de instituciones confesionales, que no son pocas, o con bases ideológicas específicas.
Esta concatenación de factores dio lugar a ¿lo inesperado?, es cierto, pero hay un dato adicional que no se puede eludir: estos nuevos establecimientos, para poder operar, consiguieron la autorización de las autoridades educativas -federales, estatales o institucionales-lo cual se manifiesta en la manera en que ostentan el famoso REVOE: Reconocimiento del Valor Oficial de los Estudios, o la leyenda de Estudios Reconocidos por equis universidad.

De la lectura y análisis de los datos y consideraciones aquí expuestos pueden surgir muchas preguntas. Esa es la intención de presentarlos. Al autor no le corresponde, de ninguna manera, pretender enunciarlas de manera exhaustiva, pero unas cuantas resultan inevitables:
¿Cuáles son los límites de la planeación, o, en su caso, los tiempos adecuados para revisar sus efectos no pretendidos?
¿Hay otras maneras de realizar previsiones a futuro, que no se encuentren aferradas al control centralizado y con vocación de infalibilidad?
¿Es adecuada la delimitación conceptual que procura distinguir entre privatizar y el crecimiento de la oferta privada en un sistema o subsistema?
¿La hipótesis propuesta es más fértil que la predominante en la opinión pública al respecto de la expansión de los servicios privados?
¿Ha sucedido esto en todas las entidades de la República de manera análoga? ¿Hay variaciones o diversidad en los momentos, carreras y tipos institucionales con crecimiento o decremento?
¿Es correcto que las autoridades hayan renunciado al escrutinio a fondo de la capacidad suficiente de los particulares para impartir educación superior? ¿Le conviene al país, por ejemplo, que buena parte de sus abogados provengan de ese tipo de instituciones?
¿Quién debe, y con qué mecanismos claros y adecuados, autorizar la existencia de entidades privadas (y hasta el derecho a emplear el nombre de universidad), y supervisar la calidad de este servicio en todo el sistema –público y privado– sin ser juez y parte? ¿No sería oportuna la creación de una entidad autónoma para estos propósitos, o varias en cada entidad o región de la República?

Tanto en el sector público como en los dos segmentos de la esfera privada, vale hacer una pregunta adicional: ¿qué tipo de profesionales están siendo formados? ¿Sobran abogados o hay superávit de leguleyos pero déficit de expertos en Derecho en un mundo donde las cuestiones fiscales, corporativas, ambientales e internacionales, por mencionar algunas, los requieren de manera creciente?
Hasta aquí las preguntas. ¿Cuál es su parecer? ¿Qué ha pasado en su entidad o entorno inmediato durante los últimos 15 años? Es hora del debate y que este escribidor deje el teclado en paz.

1Ver las abundantes contribuciones de Gabriel Zaid sobre el tema, especialmente las de reciente aparición en la revista Letras Libres.«volver«.

2 Me hago cargo, sin dificultad, que si el sector privado crece, o por su peso relativo en prestigio, sin llegar a ser mayoritario establece su lógica predominante -de mercado- tendremos un sistema no privatizado en sentido estricto, sino dominado por la lógica mercantil en la dotación de servicios educativos, cuestión que no es despreciable en el análisis. A su vez, el crecimiento de la oferta particular puede ser considerado como resultado de la omisión del Estado: en política, se actúa tanto cuando en efecto se intentan modificar las cosas, como si se decide hacerse a un lado.«volver«.

3El Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, es una entidad pública sin duda, pero no opera en la misma lógica de UNAM o UAM, ni en el tamaño de su oferta ni en sus posibilidades de acceso: son pocos los lugares para estudiar Derecho en esa institución, y las cuotas no son comparables: para el periodo agosto 2005-junio 2006, la colegiatura en Derecho será de $23,638.04 por semestre. La mayoría de los alumnos, es conveniente reconocer, tienen becas crédito o derivadas de su situación socioeconómica, además de la posibilidad de sufragar el gasto en cuatro pagos a lo largo del año.«volver«.